Wilfredo, un nino venezolano de 10 anos, comparecio solo ante un tribunal de inmigracion hace dos semanas, obligado a defenderse frente a su posible deportacion a Ecuador mientras su madre permanecia detenida en un centro de ICE. Como miles de ninos y ninas en procedimientos de deportacion, Wilfredo no cuenta con representacion legal.
"Tenia miedo porque era la primera vez que iba a un tribunal", declaro a Univision.
La administracion Trump provoco una nueva ola de caos para los ninos y ninas en procesos migratorios en febrero de 2025 al ordenar a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios legales que suspendieran su labor, previamente financiada mediante contratos federales. Esta medida supuso la paralizacion del Programa para Ninos No Acompanados, que proporcionaba representacion legal a mas de 26.000 menores en procedimientos de inmigracion en Estados Unidos.
En enero, tres expertos independientes de las Naciones Unidas expresaron su preocupacion por esta medida y afirmaron: "Negar a los ninos y ninas su derecho a la representacion legal y obligarlos a enfrentarse a complejos procedimientos migratorios sin asistencia juridica constituye una grave violacion de sus derechos".
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inicio un procedimiento de deportacion contra Wilfredo, originario de Venezuela, el 25 de marzo de 2026. Tanto el como su madre tenian una solicitud de asilo pendiente y tenian autorizacion para permanecer en Estados Unidos mientras se resolvia su caso.
Sin representacion legal, los menores deben enfrentarse solos a procedimientos migratorios complejos y de alto riesgo, y tienen muchas mas probabilidades de ser deportados. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Este riesgo se agrava especialmente cuando el DHS intenta expulsar a menores a terceros paises sin sus padres y donde no tienen familiares ni personas responsables de su cuidado.
Estados Unidos deberia revocar la orden emitida en febrero de 2025 para garantizar el debido proceso de ninos y ninas migrantes no acompanados en procedimientos de deportacion.
Source: Human Rights Watch
